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Controversia por licencias de conducción - eltransporte.com

Controversia por licencias de conducción
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Colombia.,Bogotá Fuente: El Nuevo Siglo. En la mira de las autoridades se encuentra una adición a la concesión para renovar las licencias de conducción hasta el año 2022 a cambio de construir una sede más grande para Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) con supuestas irregularidades.

 

Como era de esperarse, el Concejo de Bogotá le hará debate de control político sobre este tema a la Secretaría Distrital de Movilidad.

El contrato otorgado en 2007 desde un principio ha sido blanco de denuncias, pero esta semana la concejala Sandra Jaramillo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), prendió las alarmas debido a que vence en 2016 por 180.000 millones de pesos, pero tuvo una adición por parte del titular de la Movilidad, Rafael Rodríguez, por seis años más y 130.000 millones de pesos adicionales.

Mientras en la Secretaría desmienten las versiones, para Jaramillo sería ilegal la adición debido a que no se puede hacer por más del 50 por ciento del valor original del contrato: “Claramente supera esos límites”.
De inmediato, el contralor de Bogotá, Diego Ardila, anunció que correrá traslado de las presuntas irregularidades detectadas a la Fiscalía y a la Personería de Bogotá, con el propósito de que estas entidades adelanten las investigaciones pertinentes.

De igual manera el ente de control fiscal promoverá demanda ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa para que se declare la nulidad de la adición efectuada.

El contrato fue suscrito inicialmente por 8 años y 2 meses, pero su valor inicial fue adicionado dos años antes de su vencimiento por cuantía que según el órgano de control excede el 50 por ciento, lo que contraviene lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que prohíbe a las entidades realizar adiciones que superen este porcentaje.

La Administración realizó la adición en dinero y también decidió prorrogar el contrato en febrero de 2014 por seis años más, sin que mediaran estudios técnicos que justificaran la necesidad de comprometer estos recursos. Es decir, se prorrogó un contrato sin contar con los estudios que justificaran la medida y adicionalmente, la adición se realizó por cuantía superior a la que autoriza la ley.

Responde movilidad

Para la Secretaría, el contrato de concesión está amparado legalmente por la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación) y la 1150 de 2007. “No existe ninguna disposición que prohíba adicionar o prorrogar un contrato que esté en ejecución. Debido a la necesidad de almacenamiento de todos los documentos y a la obligación de custodia del archivo en el contrato original existía la obligación de proveer por parte de la Secretaría Distrital un inmueble para este fin. Al coparse la capacidad instalada y no cumplir el inmueble con las normas establecidas en la Ley 594 del 2000 se generó la necesidad de proveer de una infraestructura que cumpliera con los requerimientos de espacio y de ley”.

Frente a los estudios financieros y técnicos, la Secretaría indicó que determinaron una prórroga de seis años a partir de febrero de 2016 que permitiría subsanar la necesidad de almacenamiento y cubrir las inversiones adicionales asumidas por el SIM, sin que en términos monetarios se superaran los límites legales establecidos por la ley y sin generar costos para el Distrito, ya que se mantienen las condiciones inicialmente pactadas.
“Es importante resaltar que un contrato estatal no puede realizarse si no existe un estudio previo. Este caso también aplica para adiciones o prórrogas que permitan justificar el por qué, cuándo, cuánto y cómo se realizará la gestión para suplir las necesidades”, indicó el comunicado de la entidad.

El consorcio ha sido sancionado en 2010 y 2012 por temas administrativos e impuestos por la Secretaría de Movilidad.

Actualmente el SIM cuenta con 31 puntos de servicio repartidos en 12 PITS (puntos integrales de trámites y servicios), 17 satélites en concesionarios y dos centros especializados, por encima de los requerimientos del contrato. Esto nos ha permitido aumentar la capacidad operativa  actual de atención a los ciudadanos en los puntos de servicio de 1.200 a 5.700 ciudadanos, habiendo atendido más de 1.500.000 usuarios en el 2013.

Fuente: El Nuevo Siglo

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