Cabe recordar que hace más de un año la ministra de Transporte, formuló una consulta ante el Consejo de Estado por sanciones impuestas
La Superintendencia de Transporte identificó 60.000 casos en los que el cobro se quedó sin sustento legal. Se han revisado más de 25.000 procesos.
La Superintendencia de Transporte avanza en la devolución de dineros a las empresas vigiladas que fueron afectadas por el cobro de multas de manera ilegal, entre 2016 y 2018, luego de que el Consejo de Estado despejara dudas sobre la declaración de nulidad de varios artículos del decreto 3366 de 2003, que establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de tránsito, en marzo del año pasado.
Dicha decisión dejó sin efectos 24 artículos de la norma relacionados con faltas de las empresas de transporte terrestre automotor especial, de transporte público terrestre automotor de carga y a los propietarios de vehículos particulares de transporte escolar. También tenía efectos sobre las empresas de transporte público colectivo de pasajeros y mixto, y de las empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, tanto del radio de acción metropolitano, municipal o distrital, como a las que transitan por carretera, en ambos casos.
La entidad dijo que en total son 60.000 expedientes que están siendo revisados de manera minuciosa por un grupo élite de la SuperTransporte y que representan más de $171.000 millones. Hasta el momento se han revisado más de 25.000. Además, se han exonerado 1.672 obligaciones a los empresarios, que suman más de $5.953 millones, las cuales estaban pendientes de pago.
Cabe recordar que hace más de un año la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, formuló una consulta ante el Consejo de Estado respecto de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Transporte respecto a qué hacer con las multas una vez tumbada la norma (2016). La respuesta de la corte fue que las sanciones generadas debían desaparecer.
Finalmente, el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, resaltó que “los vigilados que ya pagaron multas y que fueron posteriormente revocadas, pueden solicitar la devolución de dineros, teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la Entidad y presentar los documentos requeridos para ello, para así proceder con el trámite a la mayor brevedad”.
A pocos días de cumplirse un mes del anuncio del Gobierno Nacional orientado al establecimiento de rutas piloto de transporte intermunicipal entre ciudades y municipios, los representantes del sector como empresas, terminales y agremiaciones señalan que los avances han sido escasos y que los viajes de largo aliento entre capitales todavía se ven bastante lejanos.
Aunque las compañías transportadoras y las terminales de transporte reiteran que han acatado la implementación de los protocolos de bioseguridad para devolverles la confianza a los usuarios a la hora de volver a viajar por carretera, advierten que consolidar rutas piloto se ha convertido en un dolor de cabeza por cuenta de las demoras para lograr acuerdos ágiles con las diferentes alcaldías.
Tatiana Serrato, directora de la Corporación Nacional de Terminales de Transporte (Conalter), señaló que la implementación de pilotos ha sido compleja debido a que ha debido dialogar con cada alcaldía para poder avanzar en el restablecimiento de rutas.
“Hay 48 terminales habilitadas, 36 están ubicadas en zonas de afectación moderada y alta de covid. Entre esas 36, hay 23 ciudades capitales yen baja afectación son solo dos ciudades capitales. Entonces, son muchos palos en la rueda por parte de autoridades locales”, manifestó.
Y de cara a la reactivación total de rutas de alto tráfico -como por ejemplo Bogotá – Cali, Bogotá – Medellín y Bogotá – Bucaramanga-, Serrato manifestó que es importante que los alcaldes de las grandes capitales tomen decisiones para permitir que las rutas de largo alcance vuelvan a circular.
Fuente: El Espectador
Imagen: Archivo El Espectador
