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NACIONAL: Transporte intermunicipal, al borde del abismo

NACIONAL: Transporte intermunicipal, al borde del abismo
Karen Merchan

Más de 500 compañías del sector están a punto de quebrar después de más de 70 días sin facturar

La suspensión de actividades de más de 500 empresas de transporte intermunicipal deja ya casi un millón de familias afectadas, pues una importante proporción de los 125.000 empleos directos que genera la actividad y de los 600.000 indirectos figuran hoy en las estadísticas de trabajadores inactivos. Las firmas del sector reportan pérdidas superiores a $600.000 millones en lo que va corrido de la cuarentena, dado que llevan más de 70 días sin facturar y tienen una parálisis del 97 % en sus operaciones y se vieron obligadas a suspender los contratos de la mayoría de sus empleados.

“Hoy somos uno de los sectores que más contribuye al desempleo, a los empleados tocó mandarlos para la casa porque ninguna empresa que viva de lo que se factura diario puede resistir todo este tiempo y a la vez pagar una nómina sin recursos”, dijo el gerente de Coomotor, Armando Cuéllar. Además, instó al Gobierno a atender sus necesidades: “la situación es apremiante y no hay ayudas sectoriales. Aquí se están destruyendo empresas, empleo y tejido social. Si el Gobierno no escucha el clamor de los colombianos la descomposición social será inmensa”.

El grupo, que tiene presencia en 12 municipios del país por medio de 750 vehículos, pasó de 70 despachos diarios desde Bogotá hacia el sur del país a solo ocho despachos en los últimos días. “la flota está prácticamente parada a pesar de que estamos cumpliendo los protocolos de seguridad avalados por el Ministerio de Salud; estamos profundamente afectados por ello, porque el transporte es de las actividades económicas que más genera desarrollo socioeconómico y crecimiento”, advirtió el directivo.

Y no es el único que tiene esta opinión. Hernando Tatis, director de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Andi, fue enfático en que el gobierno no está dado respuestas de fondo a pesar de que el sector está muy golpeado, “son parciales y no son oportunas frente a las necesidades de liquidez de las empresas que son muy altas en este momento, y a medida que pasa el tiempo será más difícil”.

Cabe recordar que el pasado 27 de mayo las empresas convocaron la movilización social en el marco de la cuarentena para solicitarle al gobierno ayuda ante su inminente quiebra. Dos días después la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, les concedió una reunión para hablar de su problemática sin intermediarios, pues denunciaron que los gremios no estaban reflejando las preocupaciones del sector.

“Teníamos una situación que nos ahogaba y la responsabilidad de sostener las empresas, pero nos habíamos sentido totalmente ignorados y necesitábamos que el Gobierno tuviera en cuenta lo que estaba pasando con el sector”, explicó Mauricio Atuesta, gerente Copetrán, una de las empresas más grandes del sector con 1.100 vehículos y 2.800 trabajadores.

Si bien están autorizados para transportar a las personas que están exceptuadas del aislamiento social y para viajes humanitarios, no todas las empresas puede hacerlo, pues solo están abiertas algunas terminales, así que esperan aval para mover un mayor número de pasajeros una vez los gobiernos locales permitan estos viajes; también dicen poder garantizar que se están implementando todos los protocolos de bioseguridad. En Antioquia, por ejemplo, las empresas trabajan con la Asamblea Departamental en una propuesta para llevar al Ministerio de Transporte que les permita reactivarse de aquí a un mes.

Hoy por hoy los viajes se hacen con una ocupación cercana al 30 %, lo que significa que el ingreso faltante debe salir de sus bolsillos para cubrir los costos operativos, una fórmula que explica su iliquidez. De hecho, su modelo de negocio les permite llegar a punto de equilibrio solo si llenan el 70 % del cupo. Esta situación se revertiría parcialmente si se permitiera la movilización de más trabajadores, estudiantes y turistas, actividades de las cuales dependen principalmente; sin embargo, una vez llegado el momento solo podrían operar al 50 % de su capacidad para mantener la distancia entre pasajeros, de manera que será casi obligatorio incrementar las tarifas, perjudicando, en últimas, a quienes viajan.

Expreso Palmira, por ejemplo, pasó de usar vehículos de 40 personas a otros de 20 personas para bajar los costos de operación, aun así, la escasa demanda no les ha permitido ofrecer tarifas bajas, lo que les valió una investigación de la Superintendencia de Transporte, pero, según su gerente, se ven obligados a llegar al punto de equilibrio vía tarifa porque no han recibido ninguna ayuda.

Según los directivos, el principal problema de la suspensión de actividades es que sirvió para darle vía libre al transporte ilegal, contra el cual han luchado por décadas, con el agravante de que manejan tarifas desproporcionales. El Grupo Empresarial de Transporte de Antioquia tiene conocimiento de casos en los que se pagaron pasajes por $800.000 para ir de Medellín a Bogotá. Coomotor, por su parte, denunció cobros de 260.000 para llevar gente de Neiva a Bogotá.

“Hoy estamos condenando a las personas que tienen necesidades de movilización a que lo hagan en transporte ilegal y pagando hasta cinco veces más. Sabemos que el Gobierno no está en la capacidad de controlarlo. Lo mejor es permitir que las personas se muevan de una terminal a otra porque es la manera más segura de prestar el servicio sin poner en riesgo su salud y su vida”, señaló el director de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Andi.

Por su parte, Anderson Quiceno, gerente del Grupo Empresarial de Transporte de Antioquia denunció que la ilegalidad “ha venido creciendo de una manera pavorosa porque los controles en las terminales son excesivos y la gente que busca otra forma de transporte la gente está siendo direccionada a personas que no están debidamente autorizadas”, dijo. “Nos están estigmatizando como si fuéramos los portadores del COVID, nos cerraron la entrada a ciertos municipios. Y en esta situación los piratas están haciendo agosto porque la gente tiene que viajar y paga lo que tenga que pagar en un transporte que no está regulado”, advirtió Jorge Jaramillo, gerente de Expreso Palmira. “Cuando nos saquen a trabajar ya no vamos a tener gente para mover”, sentenció Armando Cuéllar, gerente de Coomotor.

Una de las soluciones prometidas por el Gobierno Nacional es la activación de una línea de crédito de Bancoldex por $75.000 millones que financie a las empresas hasta por 10 años con periodos de gracia entre uno y dos años y tasas de interés flexibles, pues en este momento la banca comercial les ha dicho que las considera empresas de alto riesgo, según contaron. Sin embargo, todavía no está vigente. Los empresarios dicen que se quedó en el anuncio.

“Los créditos sirven siempre y cuando haya periodos de gracia y condiciones de fomento que salven el transporte público intermunicipal y permitan que el sector se reactive, porque este proceso será muy lento y traumático como para poder garantizar el pago de sus créditos en las flechas que se estipulen. Además el sector ya venía con unos créditos por adquisición de vehículos y capital, muchas empresas los tienen, incluso los adquirieron a principios de año y los cogió la pandemia y hoy no tienen cómo pagar eso”, señaló Quiceno.

En Copetrán, por ejemplo, la mayoría de los 45.000 pequeños propietarios de vehículos se endeudaron para adquirirlos, “los bancos dieron unos meses de gabela, pero terminan en junio y no vamos a tener con qué pagar esas cuotas. La gente está muy preocupada porque no va a poder cumplir y no hay posibilidad de trabajar”, aseguró Atuesta. Incluso están buscando una solución concertada con la banca para que haya periodos de gracia que les permitan ponerse al día.

Adicionalmente, la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Andi le pidió al Gobierno Nacional que excluya a las empresas del sector la contribución al Fondo Nacional de Turismo (fontur), que es de alrededor de $50 millones anuales y que exonere también, a las empresas que han estado paradas, de la tasa de vigilancia de la Superintendencia de Transporte. Así mismo, está a la espera de que se dé un lineamiento para la suspensión del pago de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual y del SOAT y prórroga de su vigencia considerando que sin operación el riesgo se redujo a cero.

Para estas empresas también aplican exenciones fiscales y otras ayudas que se han puesto a disposición de los empresarios de todos los sectores. Sin embargo, los voceros que hablaron con El Espectador coincidieron en que aunque estas medidas alivianan la situación no son suficientes por sí solas para revitalizar el sector y dejarlo en las condiciones en las que estaba, sin contar con que dicen no haber clasificado como beneficiarios al subsidio a la nómina. También han pedido alivios en peajes y combustibles, los cuales pesan el 55 % dentro de su canasta de gastos, argumentando que sus vehículos representan solo el 15 % del total de los que pasan por estos puntos cada día.

“Le pedimos al gobierno que subsidie de manera inmediata a los conductores que en este momento no tienen ningún ingreso. Si no se soluciona la situación vamos a tener la quiebra colectiva de todas las empresas y un problema social con todos los conductores que después no vamos a poder remediar”, señaló Atuesta.

Cada día que pasa los transportadores de pasajeros intermunicipales dejan de facturar unos $7.000 millones y el futuro no es muy prometedor. “Desde ningún punto de vista estamos viendo una mejoría porque no vamos a poder trabajar de la forma en que veníamos, la demanda de pasajeros va a ser muy baja, no podemos disponer de la capacidad ni utilizar la misma cantidad de buses o conductores. El sector está realmente en peligro”, sentenció Atuesta.

En un último intento, los gremios y las empresas pasaron una propuesta de reactivación segura del sector a la Vicepresidencia de la República a finales de la semana pasada argumentando que ya cuentan con todos los protocolos de bioseguridad que exige la ley. A mediados de este mes podrían tener una respuesta. También están a la espera de que comiencen los proyectos piloto en diferentes entes territoriales, por lo que le pidieron al Gobierno que se establezcan fechas para ello.

Fuente: El Espectador

Imagen: Archivo El Espectador

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