Dentro de resguardos indígenas se encuentran 2.336 kilómetros, mientras que al interior de las áreas protegidas la cifra llega a 7.975 kilómetros.

“Esta información nos permite hacer análisis y crear hipótesis sobre las dinámicas actuales en la Amazonia. Vemos la apertura de vías o el ensamblaje de carreteras con algunas previamente construidas, como una estrategia de ocupación y concentración de la propiedad”, indicó Natalia Hernández, coordinadora de sistemas de información geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, ONG que realizó este estudio para Colombia.

Según esa organización, la mayor cantidad de kilómetros de vías se concentra en Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare. Por otro lado, en los departamentos de Vichada, Guainía, Guaviare y Meta es donde se registra el mayor número de kilómetros de carreteras dentro de los resguardos indígenas, mientras que en las áreas protegidas, las carreteras fueron abiertas principalmente en Meta, Guaviare, Guainía y Nariño.

Para Gaia el proceso de degradación de la Amazonia colombiana ha sido facilitado por la apertura acelerada de nuevas vías y la oficialización de las construidas por la exguerilla de las Farc antes de la firma del Acuerdo de Paz, a través de vías terciarias. “La presencia de vías en Colombia se concentra en el arco noroccidental de la Amazonia. En el caso de las carreteras de las Farc, de los 3.753 kilómetros cosntruidos, 490 kilómetros se encuentran dentro de áreas protegidas,específicamente en el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Tinigua”, señaló.

Esta es una de las vías terciarias que han sido abiertas en la selva de Guaviare. Foto: archivo/Semana.

Adicionalmente, a los carreteables ya existentes les fueron sumados nuevas trochas. En el Parque Nacional Serranía del Chibiriquete existen cuatro vías nuevas, mientras que en la Reserva Nacional Natural Nukak hay dos, y otra fue construida al interior del Parque Nacional Tinigua. Cestas reservas hacen parte de las zonas más deforestadas del país.

“Refuerza esta tendencia la inversión destinada a la creación y ampliación de carreteras que penetran en la selva en Colombia, donde alrededor de 1,2 billones de pesos colombianos para vías terciarias del posconflicto están en manos de las gobernaciones departamentales. Además, las inversiones en infraestructura vial para las zonas priorizadas por el acuerdo de paz alcanzan los 1,38 billones de pesos colombianos, provenientes de recursos del Sistema General de Regalías (SGR)”, indicó el informe.

La fundación aseguró que este fenómeno intervencionista estaría siendo apalancado por el mismo Estado colombiano. “En Colombia, el presidente Duque se comprometió a gestionar la navegabilidad del río Vaupés, además de un sistema de transporte multimodal que conectará al Municipio de Calamar, en el Departamento del Guaviare con el Municipio de Mitú (Vaupés Colombia) y Yavaraté (Brasil), lo que generaría una aceleración en los procesos de colonización en la zona“, recalcó.

Más presiones 

Otras de las presiones y amenazas que enfrenta la Amazonia colombiana provienen de las industrias extractivas de minería y petróleo, según un estudio adelantado por la Red Amazónica de Información Georreferenciada, Raisg, denominado Amazonía en la Encrucijada.

En el informe, realizado desde principios de 2018 por investigadores de ocho organizaciones en seis países amazónicos (Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia), se evidenció que estos dos sectores poseen lotes asignados para concesión equivalentes a 208 millones de hectáreas, lo que representa 24,5% de toda la extensión de la Panamazonía, que se estima tiene una superficie total de 847 millones de hectáreas.

Lo que preocupa los investigadores es que 87,2 millones de hectáreas de las 390 millones que están dedicadas a la conservación están directamente amenazadas por este tipo de proyectos. Solo en Colombia se estima que fueron destinadas794,712 hectáreas para bloques de minería y 19.375.131 para petróleo. 

Este estudio se basa en una nueva colección de mapas que abordan la presencia de vías, hidroeléctricas, minería, petróleo, deforestación e incendios forestales actualizado a 2018. “Estos mapas logran poner a hablar en un mismo idioma o bajo un solo protocolo de información a todos los países de la red y de esta manera contamos con datos comparables, lo que da cuenta de que la Amazonía debe ser vista como una sola región”, afirmó Hernández.

La expansión de plantaciones de coca tienen al Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure bajo grave amenaza. Foto: FAN E. Sánchez.

De las 272 grandes represas hidroeléctricas planificadas, en construcción u operativas, 78 están dentro de territorios indígenas y 84 están en conflicto con áreas naturales protegidas, estableció el informe que recalcó, además, que el 68 % de las áreas naturales protegidas y territorios indígenas de la Amazonia están superpuestos con proyectos de infraestructura y planes de inversión. 

De los 136.000 kilómetros mapeados en la región, por ejemplo, cerca del 20%, casi 26.000 kilómetros, cruzan áreas de protección. Además, en la Amazonía se encuentran las mayores minas a cielo abierto del planeta.

Los resultados arrojados por la Red Amazónica de Información Georreferenciada, dan cuenta del modelo económico que se está imponiendo en los países amazónicos. “Las industrias extractivistas representan la mayor parte de la inversión extranjera y constituyen la principal amenaza del bosque tropical más grande del planeta”, explicó el informe.

Beto Ricardo, coordinador de la RAISG, aseveró que todas la iniciativas para salvar la Amazonia de la destrucción deberían considerar una visión integral de la región.

Fuente: Sostenibilidad Semana

Imagen: Archivo Sostenibilidad Semana

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